Pérdida fiscal por comercio ilícito de cigarrillos superó los ¢53.561 millones

La pérdida fiscal acumulada durante el período 2015-2022 se estima en alrededor de ¢354.000 millones

En 2022 el impacto fiscal por el contrabando de cigarrillos alcanzó la cifra de ¢53.661 millones, que dejaron de pagarse por impuestos. La Policía de Control Fiscal (PFC), la Policía de Control de Fronteras y la Fuerza Pública, lograron incautar un total de 1041 millones de unidades de cigarrillos ilegales.

La pérdida fiscal acumulada, por el comercio ilegal de cigarrillos, durante el período 2015-2022, se estima en alrededor de ¢354.000 millones de colones.

Cinco de cada diez cigarrillos que se venden en Costa Rica son comercializados por bandas delictivas que no pagan impuestos ni cumplen la normativa. La mayoría de estos productos ilegales son producidos en la India, Corea del Sur, Dubai y China, los cuales llegan a Panamá y son transportados a Costa Rica a través de la Frontera de Paso Canoas.

Sumado al punto de trasiego de Paso Canoas, se observan incrementos importantes en puertos marítimos, en especial Puerto Moín y Balboa, donde en el 2021 y 2022 se registraron decomisos superiores a 70 millones de unidades de cigarrillos ilegales.

Las zonas de mayor incidencia de cigarrillos ilegales son Heredia y Puntarenas, ambas sobrepasan el 50%.

A la fecha, en el país se comercializan 22 marcas ilegales, que no cuentan con los pictogramas o fotografías, en ambas caras de la cajetilla, con las advertencias exigidas por la Ley, no cumplen con ningún estándar de calidad ni medidas de control en su proceso de fabricación.

Entre las marcas que se encuentran en el mercado ilegal costarricense se encuentran Gold City, Pine, Ultima, Elephant, K&L y Rotal; sin embargo, Gold City acapara el 54% en 2022.

De acuerdo con los registros, de 120 envíos a nivel mundial de cigarrillos de la marca Gold City, 119 llegan a Panamá. Esta marca de cigarrillos está registrada en 6 países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica, México, Colombia y Panamá, bajo la propiedad la empresa Anchi, cuyo Presidente, Shyam Lakhyani, originario de la India, está presuntamente implicado en la importación ilegal de cigarrillos a Latinoamérica.

Además del fuerte impacto en la recaudación fiscal, y tratarse de producto sin controles sanitarios, también lo puede tener en la falta de información precisa sobre el impacto de fumar para los consumidores pues carecen de las advertencias sanitarias establecidas en la Ley 9028, que se deben colocar en las caras principales de los empaques de todos los productos de tabaco y sus derivados, así como en los costados izquierdo y derecho.

Un estudio del Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI) encontró, en una muestra de 560 cigarrillos de contrabando, que un 75% de las cajetillas tenía presencia de trozos de madera, de aproximadamente 1 a 1.5 cm de longitud.