Redacción
Con apoyo de al menos 46 legisladores, la Asamblea Legislativa está lista para revivir la ley que permite a los agentes judiciales retirarse a los 55 años.
El Congreso va contra el veto de Rodrigo Chaves
Una rebelión política se cocina en la Asamblea Legislativa contra el presidente Rodrigo Chaves. Varios diputados ya confirmaron que resellarán el veto presidencial y devolverán la pensión anticipada a los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto les permitiría retirarse a los 55 años, tras una vida de servicio en uno de los cuerpos más exigentes del país.
El proyecto había sido aprobado a inicios de año, pero Chaves lo vetó argumentando que amenazaba la sostenibilidad del régimen de pensiones y violaba el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, ese razonamiento no convenció al Plenario, que considera que los agentes del OIJ enfrentan riesgos y condiciones laborales excepcionales.
¿Qué es un resello y por qué es tan importante?
El artículo 125 de la Constitución Política establece que el Ejecutivo puede vetar leyes aprobadas por el Congreso, pero también permite que los diputados anulen ese veto con al menos 38 votos.
En este caso, ya hay 46 legisladores comprometidos a revivir la ley. Incluso, si los diputados del Partido Liberal Progresista se suman, la cifra subiría a 49. Pero hay un detalle clave: el resello no podrá ejecutarse de inmediato.
Actualmente, el Gobierno controla la agenda legislativa por el periodo de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 31 de julio. El resello se concretaría en agosto, cuando los diputados retomen el control del temario.
¿Qué partidos apoyan la pensión anticipada?
El respaldo al proyecto viene de una coalición multipartidista, que incluye:
- Liberación Nacional (PLN): 19 votos
- Unidad Social Cristiana (PUSC): 9 votos
- Frente Amplio (FA): 6 votos
- Nueva República (PNR): 6 votos
- Diputadas independientes: 5 (Gloria Navas, Johana Obando, Cinthya Córdova, Kattia Cambronero y María Marta Padilla)
- Progreso Social Democrático (PPSD): 1 voto (Luz Mary Alpízar)
Aunque el Partido Liberal Progresista (PLP) aún discute su posición, podría inclinar la balanza aún más a favor del resello.
El fondo del debate: justicia laboral vs. sostenibilidad financiera
Más allá de una pensión anticipada, el debate expone una fricción ideológica entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Para los defensores del proyecto, los funcionarios del OIJ no pueden ser tratados como cualquier otro burócrata, dado que enfrentan a diario:
- Crimen organizado
- Amenazas personales
- Desgaste emocional y físico
- Riesgo de muerte en cumplimiento del deber
El Gobierno, por su parte, insiste en que el proyecto atenta contra la sostenibilidad del régimen de pensiones del Poder Judicial, basado en estudios actuariales. Sin embargo, varios legisladores cuestionan la objetividad y vigencia de esos informes.
Una decisión con alto impacto político
Todo apunta a que en agosto, cuando finalicen las sesiones extraordinarias, el Congreso impondrá su criterio sobre el del presidente Chaves. Este será un episodio político clave, pues evidencia que distintas fuerzas están dispuestas a aliarse cuando una causa toca temas sensibles, como lo es el reconocimiento al servicio público de alto riesgo.
“Es una señal clara de que el Plenario está dispuesto a actuar con independencia, especialmente cuando se trata de dignificar a quienes nos protegen día a día”, dijo una fuente legislativa.”
¿Qué puede pasar ahora?
- El Congreso retomará la agenda legislativa en agosto.
- Si los diputados cumplen con el compromiso, el veto será resellado.
- La ley volverá a estar vigente y los agentes del OIJ podrán jubilarse a los 55 años.
- El presidente no podrá vetarla nuevamente.
Conclusión
Esta decisión no solo es una bofetada política a Rodrigo Chaves, sino también una reivindicación al esfuerzo y riesgo de cientos de agentes judiciales. La pregunta que queda es: ¿qué otro sector público pedirá un trato similar?
