Redacción
Un informe revelado por la DEA contradice las afirmaciones del presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Seguridad, Mario Zamora, sobre el caso Celso Gamboa y su supuesta conexión con el narcotráfico.
La DEA pone en evidencia al gobierno costarricense
Este miércoles 25 de junio de 2025, un informe de la Administración de Control de Drog@s de Estados Unidos (DEA) provocó un fuerte sacudón político en Costa Rica al contradecir directamente las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Ambos funcionarios intentaron desacreditar públicamente la investigación estadounidense que vincula al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez con una red de tráfico internacional de cocaína, alegando que los hechos no comprometen al actual gobierno ni a sus instituciones.
Sin embargo, el expediente al que tuvo acceso CRHoy desmiente varias de las afirmaciones hechas por el Ejecutivo durante su habitual programa de televisión semanal.
Gamboa habría presumido respaldo del Gobierno para el ingreso de droga
Según el documento revelado, en septiembre de 2023, Gamboa se reunió en San José con dos presuntos socios criminales que, posteriormente, se convirtieron en informantes confidenciales de la DEA. Durante ese encuentro, aseguró que contaba con apoyo del Gobierno costarricense para ingresar cargamentos de cocaína al país, ya sea por el Caribe o el Pacífico.
“La recepción de la cocaína está 100 % garantizada”, habría dicho Gamboa, según el reporte oficial.
Dicha afirmación, de ser cierta, implicaría una red de complicidad desde el aparato estatal, algo que la administración de Chaves ha negado rotundamente.
Primer error: minimizar los señalamientos al “Guardacostas”
Uno de los principales intentos por desacreditar el caso fue el del ministro Zamora, quien indicó que las aparentes colaboraciones se limitaban exclusivamente al Servicio Nacional de Guardacostas, y no al gobierno en general.
Sin embargo, el término “Gobierno” figura explícitamente en el expediente como la entidad que habría facilitado el ingreso de droga, contradiciendo lo dicho por Zamora.
Además, aunque se señala que parte de los hechos investigados ocurrieron entre 2020 y 2022, el informe también incluye evidencia de reuniones y movimientos durante 2023, cuando el gobierno de Chaves ya llevaba más de un año en funciones.
Segundo error: adjudicarse la captura de Gamboa
Zamora también intentó atribuirse el mérito de la detención de Gamboa y otros implicados, asegurando que fue resultado de su gestión y contactos con figuras del gobierno estadounidense, como el senador Marco Rubio.
No obstante, la DEA solicitó la extradición de Gamboa desde el 1.º de octubre de 2024, mucho antes de la visita de Rubio o de cualquier gestión directa del actual ministro. Así lo revela el oficio de solicitud emitido por un tribunal del estado de Texas.
“Los arrestos no responden a una estrategia del Ejecutivo, sino a la reciente aprobación legal para extraditar a costarricenses”, confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ.
Esto desmonta la versión oficial de que se trató de una operación liderada desde Casa Presidencial.
Tercer error: el OIJ sí investigó el caso
En tono burlón, el presidente Chaves insinuó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no había actuado con firmeza contra Gamboa, señalando una supuesta pasividad por vínculos personales del exmagistrado con miembros de la institución.
Sin embargo, el propio Zúñiga aclaró que la colaboración con la DEA lleva más de un año activa y que Gamboa ha estado bajo la lupa en al menos 17 investigaciones penales.
Cuarto error: distorsionar la salida del exdirector de Guardacostas
Finalmente, tanto Chaves como Zamora intentaron vincular al coronel Martín Arias, exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas, con los supuestos favores brindados a Gamboa, sugiriendo que fue destituido por esa razón.
La realidad es distinta. Arias se acogió voluntariamente a su jubilación a inicios de 2024, por razones personales y de salud. Además, el mismo Ministerio de Seguridad le organizó un acto oficial de despedida con honores, destacando su colaboración con agencias internacionales, incluida la DEA.
¿Qué sigue para el gobierno?
Esta serie de contradicciones expuestas por el expediente ha generado gran preocupación en la opinión pública, especialmente en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico es uno de los temas más sensibles para la seguridad nacional.
Aunque el gobierno ha intentado marcar distancia con Celso Gamboa, el uso del término “Gobierno” en el documento de la DEA y las fechas que lo sitúan en el actual periodo administrativo, ensombrecen la transparencia con la que se ha manejado el caso desde el Ejecutivo.
Expertos en derecho constitucional y seguridad ya han comenzado a exigir explicaciones más claras y la comparecencia de autoridades ante la Asamblea Legislativa para esclarecer si existió o no algún grado de encubrimiento o permisividad desde el Estado.
Puntos clave del caso
- Gamboa habría dicho en 2023 que el Gobierno permitía el ingreso de cocaína al país.
- La DEA solicitó su extradición en octubre de 2024, antes de gestiones de Zamora o Rubio.
- Chaves y Zamora incurrieron en al menos cuatro afirmaciones falsas o inexactas sobre el caso.
- El OIJ sí investigó a Gamboa y colaboró con la DEA.
- El exdirector de Guardacostas no fue despedido, como afirmó Chaves.
Llamado a la transparencia
Organizaciones civiles y medios independientes están solicitando una revisión más profunda del caso y exigen transparencia en las acciones del Gobierno frente a estas denuncias graves.
Mientras tanto, Celso Gamboa permanece bajo arresto preventivo a la espera de su posible extradición a Estados Unidos, en uno de los casos más delicados de la historia reciente del país.
