TPP Redacción
La iniciativa, respaldada por varios diputados, pretende obligar a las entidades financieras a asumir responsabilidad en casos de fraudes informáticos, exista culpa o no.
Un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de Costa Rica pretende que los bancos y demás entidades financieras respondan económicamente por estafas digitales, independientemente de que haya culpa de su parte.
La propuesta surge del movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica, creado en 2022 por Carmen Rojas Guzmán, exfuncionaria del Banco Popular que perdió ¢9,7 millones a raíz de una llamada telefónica.
Según informó La Nación, el expediente legislativo 23.908 fue presentado por el diputado Óscar Izquierdo Sandí del Partido Liberación Nacional (PLN), con respaldo de nueve legisladores adicionales de partidos como el Frente Amplio y Liberal Progresista.
Detalles del proyecto
El plan busca reformar la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472) y el Código Procesal Civil (9342).
- En la Ley 7472, se establecería que cualquier entidad financiera que custodie ahorros deberá responder por daños y perjuicios ocasionados por sustracción de dinero, sin importar si hubo culpa.
- En el Código Procesal Civil, se invertiría la carga de la prueba a favor de las víctimas, de manera que sería el banco quien debe demostrar que no tuvo responsabilidad.
Además, se propone una pena de uno a tres años de prisión para quien simule ser víctima de fraude con el fin de obtener reembolsos.
Postura de los bancos
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó a La Nación que están de acuerdo en actualizar la legislación, pero piden que la reforma sea “equilibrada”, para no incentivar reportes falsos como ha ocurrido en otros países.
El asesor jurídico de la ABC, Mario Gómez, declaró: “Estamos a favor de actualizar la legislación vigente en materia de estafas y hurtos informáticos, ya que estos delitos son cometidos por grupos de crimen organizado y tanto los clientes como las mismas entidades son víctimas”.
Los bancos sugieren que no se les declare responsables en casos de culpa grave del cliente o cuando se haya cumplido con los estándares de ciberseguridad exigidos por Sugef.
Un problema creciente
Datos del Poder Judicial indican que en los primeros cuatro meses de 2025 había 7.272 casos en trámite por delitos informáticos, de los cuales solo siete terminaron en condena (0,09 %).
De acuerdo con estadísticas del OIJ, las denuncias por estafas informáticas se duplicaron en cinco años: pasaron de 3.594 en 2019 a 7.227 en 2024.
Caso ilustrativo: clienta del BCR
Uno de los casos expuestos por La Nación es el de Gabriela Peterson Lizano, vecina de Curridabat de 68 años.
Ella recibió una llamada de un supuesto funcionario de la Municipalidad de Heredia, quien la engañó con un enlace falso de WhatsApp. Tras ingresar sus datos, perdió más de ¢1 millón del Banco de Costa Rica (BCR) y ¢50.000 del Banco Promérica.
Pese a su reclamo, el BCR respondió que no tenía responsabilidad, dado que las transacciones se realizaron con sus credenciales personales.
El caso sigue bajo investigación en el expediente judicial 23-013889-0042-PE, pero aún no hay sospechosos identificados.
Oportunidad histórica, según diputados
El proponente del proyecto, Óscar Izquierdo, declaró a La Nación que el texto aún puede ser perfeccionado, pero que existe un consenso sólido para su aprobación.
“Esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad histórica de aprobar este expediente. Es la vía para poner fin a tanto sufrimiento, angustia y revictimización de las personas que han sufrido una estafa bancaria”, aseguró el legislador.
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