El ente contralor alertó sobre diferencias en cuentas por cobrar, deudas y bienes públicos que ponen en duda la confiabilidad de la información presentada por el Ejecutivo.
La Contraloría General de la República reveló serias inconsistencias en los estados financieros del Gobierno correspondientes al periodo 2024, al detectar millonarias diferencias entre lo que reporta el Ejecutivo y lo registrado por las instituciones públicas.
El informe de auditoría abarcó los estados de situación financiera, de rendimiento, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y notas contables. Según el ente contralor, la información presentada es “poco confiable” y no cumple con la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, lo que limita la rendición de cuentas y afecta la toma de decisiones.
Diferencias millonarias en registros clave
Entre los hallazgos más relevantes, la Contraloría identificó:
- $244.747 millones de diferencia en las cuentas por cobrar y deudas registradas entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Ejecutivo.
- Una diferencia de ₡1.029.677 millones menos en la deuda con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
- ₡17.411.152 millones en errores y omisiones dentro de la cuenta de bienes concesionados y no concesionados.
Bienes sin registrar y carreteras olvidadas
El informe también advirtió que no se han registrado:
- 3.554 terrenos pertenecientes a centros educativos.
- 23 carreteras que no aparecen en los libros contables.
- ₡979.027 millones correspondientes a carreteras de la Red Vial Nacional, cuyos valores no se actualizan desde el 2015.
Estos vacíos contables, según la Contraloría, dificultan tener una visión clara de los activos públicos y abren la puerta a riesgos de mala gestión.
Llamado de atención al Ministerio de Hacienda
El dictamen con los hallazgos fue remitido al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, junto con un recordatorio de las responsabilidades que su cartera tiene en materia de transparencia y control financiero.
La Contraloría advirtió que estas diferencias ponen en entredicho la credibilidad de las cifras oficiales, lo que podría tener consecuencias en la confianza ciudadana y en la planificación del gasto público.
“La información presentada es poco confiable, no cumple razonablemente con las normas internacionales y presenta fallas, lo que impide tener una visión completa y confiable de la situación financiera del Gobierno”, señala el informe del ente contralor.
¿Qué significa para el país?
La falta de uniformidad y precisión en los registros contables del Gobierno afecta directamente la capacidad de:
- Planificar políticas públicas basadas en datos reales.
- Evaluar el nivel de deuda y obligaciones financieras.
- Garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La Contraloría insiste en que el Ejecutivo debe corregir estas debilidades para asegurar una gestión financiera sólida y confiable.




