Redacción
El agente arrebató el teléfono de las manos del comunicador Daniel González y lo estrelló contra el suelo. El hecho ocurrió mientras el equipo periodístico grababa en vía pública una acción policial anunciada oficialmente.
Un oficial de la Policía de Control de Drogas (PCD) agredió este martes al colaborador del medio digital CR Hoy, Daniel González, arrebatándole violentamente su teléfono celular y destruyéndolo contra el suelo mientras este cubría un allanamiento en vía pública. El ataque se produjo pese a que la intervención policial en el barrio Reina de los Ángeles, en Hatillo, había sido informada oficialmente por el Ministerio de Seguridad Pública.
El comunicador se encontraba grabando la detención de varios sospechosos como parte de la cobertura periodística del operativo, ejecutado por la PCD y la Fiscalía General de la República. Según testigos, González estaba a más de un metro de distancia de la acción, identificado como prensa y en espacio público. Sin previo aviso o advertencia, el agente se abalanzó contra él, tomó el dispositivo de sus manos y lo golpeó contra el pavimento, dejándolo destruido en varios pedazos.
El Argumento del Agente y la Llegada de Refuerzos
El oficial justificó su acción alegando que el periodista “no podía grabar los hechos”, una afirmación que contradice el derecho a informar en espacios públicos sobre procedimientos policiales de interés colectivo. El ataque se produjo mientras el equipo de CR Hoy documentaba precisamente el trabajo que las autoridades ejecutaban contra el crimen organizado.
Minutos después del incidente, al lugar llegaron funcionarios de la Fiscalía General de la República y oficiales de la Fuerza Pública. La presencia de estos refuerzos y de la Fiscalía, que supervisaba el allanamiento, pone en entredicho los procedimientos de coordinación y respeto a la prensa durante los operativos. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Pública no se ha pronunciado sobre la agresión contra el comunicador.
Un Patrón Peligroso para la Prensa
Este incidente evidencia un patrón de hostilidad hacia periodistas que cubren procedimientos policiales en Costa Rica, incluso cuando estos son anunciados oficialmente. La destrucción deliberada de equipos de trabajo constituye un ataque directo a la labor informativa y un menoscabo al derecho de la ciudadanía a estar informada.
