Redacción
La candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social (PCDS) llevó el caso a los tribunales tras declaraciones públicas en las que fue calificada de “sinvergüenza” por supuestamente recibir una pensión de lujo.
La candidata presidencial Ana Virginia Calzada confirmó este lunes la presentación de una querella por difamación contra la diputada oficialista Pilar Cisneros, luego de una serie de señalamientos públicos relacionados con una presunta “pensión de lujo”.
El anuncio lo realizó durante una entrevista en el programa La Lupa CR, transmitido por CRC 89.1 Radio. Según detalló, la acción legal fue presentada en tribunales a las 9:48 a. m. de este lunes.
“Yo cumplo lo que prometo. Presenté esta querella no solo porque me ofendió, sino porque violentó mi honor y el de muchas personas que hoy están en la oposición de este país”, afirmó Calzada durante el espacio radial.
Señalamientos y contexto del conflicto
El conflicto se remonta al 5 de enero, cuando Cisneros acusó públicamente a Calzada de aceptar una pensión por la cual, según dijo, no habría cotizado lo suficiente, y en ese contexto la calificó de “sinvergüenza”.
Las declaraciones surgieron luego de la difusión de un video de campaña de Calzada en el que aparecen figuras alusivas al presidente Rodrigo Chaves, al candidato a diputado José Miguel Villalobos, a la propia Cisneros y a la candidata Laura Fernández.
Calzada respondió que recibir una pensión no la convierte en una persona deshonesta, y sostuvo que el uso de calificativos personales constituye un ataque directo a su reputación.
“Ya es suficiente”, afirma Calzada
La aspirante presidencial señaló además que, a su criterio, Cisneros se ampara en su investidura como diputada y en su influencia política para insultar a personas que piensan distinto.
“Ya es suficiente de que Pilar Cisneros siga insultando al ciudadano de este país. En nombre de todas las personas que han sido insultadas, voy a llegar hasta el final”, expresó la candidata.
Calzada también advirtió que el clima político actual ha generado temor y confrontación entre la ciudadanía, situación que —según ella— debe enfrentarse desde el respeto y el debate de ideas, no desde los ataques personales.
Un caso que escala al ámbito judicial
Con esta querella, el enfrentamiento político trasciende el debate mediático y entra de lleno en el terreno judicial, en un momento clave de la campaña presidencial.
Ahora corresponderá a los tribunales analizar si las declaraciones de la diputada oficialista constituyen difamación y si se configura una eventual responsabilidad legal.
¿Debe existir un límite en el lenguaje político durante las campañas electorales? El caso abre nuevamente el debate sobre el tono del discurso público en Costa Rica y el uso de calificativos personales en la confrontación política.
