Redacción
Una investigación contra el juez penal de Pococí Ricardo Valverde López reveló un nuevo señalamiento relacionado con el uso de recursos públicos y el cobro de horas extraordinarias.
Según información contenida en la orden judicial de allanamiento del caso, el funcionario habría reportado que la noche del 26 de marzo de 2026 colaboró en un allanamiento realizado en Moín, Limón, entre las 6:30 p. m. y las 7:35 p. m.
Por esa supuesta labor extraordinaria, el Poder Judicial le habría pagado ₡26.614,67.
Registros lo ubicaban en Guápiles
Sin embargo, la investigación sostiene que los registros obtenidos por las autoridades ubicaban al juez en su oficina de los Tribunales de Justicia de Guápiles durante ese mismo periodo.
De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, cámaras instaladas como parte de la investigación registraron al funcionario dentro del despacho junto a una mujer de apellidos Rizo Rojas. Los investigadores señalan que ambos habrían mantenido un encuentro íntimo durante aproximadamente 17 minutos.
El señalamiento sobre las horas extra forma parte de una investigación más amplia que involucra al funcionario judicial por presuntos favorecimientos y uso irregular de su cargo.
Investigación por presuntos favorecimientos
Valverde fue detenido el martes 1.º de septiembre como parte de una investigación dirigida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Las autoridades también detuvieron a otro juez y a una funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El Ministerio Público investiga presuntos delitos relacionados con procuración de impunidad, cohecho, peculado de uso y otras conductas que habrían ocurrido entre 2023 y 2026.
El caso también ha generado atención debido a que la investigación señala posibles vínculos del juez con personas relacionadas con la estructura atribuida a Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”.
Entre los elementos revelados este miércoles se encuentran presuntos encuentros personales dentro del despacho judicial y supuestas actuaciones destinadas a favorecer a personas con interés en expedientes tramitados en esa jurisdicción.
Los hechos permanecen bajo investigación y los señalamientos deberán determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.
