Redacción
La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alertas sobre la gestión de varios proyectos de transmisión eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tras identificar atrasos importantes y aumentos de costos que, en conjunto, alcanzan los ₡13.437 millones.
El análisis se concentra en obras de la red de transmisión, es decir, la infraestructura de torres, cables y subestaciones que permite transportar la electricidad desde los centros de generación hasta distintas zonas del país.
Atrasos de varios años en proyectos del ICE
Entre los casos señalados aparece el proyecto Anillo Miravalles, cuyo presupuesto registró un incremento superior a ₡6.671 millones y acumula un atraso cercano a los tres años.
Otro de los proyectos mencionados se ubica en la península de Nicoya. En este caso, el retraso llega a aproximadamente 6,6 años, mientras que el aumento de costos ronda los ₡5.634 millones.
La Contraloría advirtió que este tipo de demoras puede limitar la capacidad de la red para atender nuevas necesidades de generación y consumo eléctrico. Si la infraestructura no entra en operación en los plazos previstos, aumenta el riesgo de que la red se convierta en un cuello de botella para el sistema eléctrico nacional.
Conexiones también presentan demoras
El informe también pone atención sobre los tiempos para asignar puntos de conexión definitivos a nuevos proyectos. Según los datos revisados, el ICE tarda en promedio 324 días, casi once meses, en resolver este trámite.
La situación ya tiene efectos sobre iniciativas que buscan conectarse a la red. Dos proyectos de energía solar, PSFV Curubandé y PSFV Chorotega, permanecen en pausa al no contar todavía con un punto de conexión viable.
Para la Contraloría, los atrasos en este proceso pueden frenar nuevas inversiones, proyectos de generación y otras iniciativas vinculadas con la electrificación del transporte y el crecimiento de la demanda eléctrica.
Contraloría emitió órdenes al ICE
El órgano contralor también identificó un rezago superior a seis años entre el ICE y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para implementar un modelo de servicios auxiliares, necesario para establecer reglas claras en algunos componentes de operación y tarifas del sistema.
Ante los hallazgos, la CGR giró disposiciones de acatamiento obligatorio para que el ICE fortalezca los controles de sus proyectos, mejore la planificación y acelere los procedimientos relacionados con las conexiones a la red.
El tema resulta especialmente relevante porque la red de transmisión sostiene el traslado de energía en todo el país y cualquier atraso prolongado puede impactar la capacidad de incorporar nueva generación y atender futuras necesidades del sistema.
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