La presidenta de la República, Laura Fernández, rechazó una recusación presentada por el alcalde de San José, Diego Miranda, y con ello dejó en manos del Concejo Municipal capitalino la decisión sobre un proceso disciplinario relacionado con el jerarca.
El expediente se origina en una investigación por el supuesto uso de dos abogados municipales en un trámite de carácter personal. Miranda había solicitado que el Concejo fuera apartado del procedimiento, al alegar falta de objetividad.
Presidencia mantiene al Concejo dentro del proceso
Fernández determinó que no existen motivos para separar al Concejo Municipal y que ese órgano mantiene la competencia para resolver el procedimiento disciplinario.
La Presidencia de la República debía pronunciarse sobre la recusación debido a que la legislación le asigna ese tipo de decisiones cuando se trata de órganos colegiados municipales que no cuentan con un superior jerárquico dentro de la estructura local.
El caso se relaciona con el uso de abogados municipales
La investigación gira alrededor de la posible utilización de dos abogados de la Municipalidad de San José en un asunto personal de Miranda. Hasta ahora, el proceso se mantiene en etapa administrativa y será el Concejo el que deberá resolver lo correspondiente.
La decisión de Casa Presidencial no equivale a una sanción contra el alcalde, sino que define quién conserva la competencia para continuar con el expediente.
Miranda ya había enfrentado otra sanción
El Concejo Municipal había sancionado anteriormente a Miranda con 15 días sin salario por un caso relacionado con la suspensión de una compra de vehículos eléctricos.
Posteriormente, el Tribunal Contencioso Administrativo dejó sin efecto esa suspensión.
El tema se produce en medio de tensiones públicas
La resolución llega después de varios episodios de tensión pública entre la presidenta Fernández y el alcalde capitalino, incluidos momentos ocurridos durante los actos cívicos de la Independencia.
Por ahora, corresponde al Concejo Municipal de San José definir cómo continuará el procedimiento y si existe mérito para imponer o no una sanción. La Municipalidad de San José no había emitido una respuesta pública al momento de divulgarse la información.




