Redacción
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) pidió que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) no entre en funcionamiento bajo las condiciones actuales, al considerar que todavía deben fortalecerse las reglas que regulen el ingreso, la permanencia y la custodia de las personas privadas de libertad.
MNPT pide reglas claras antes de la apertura
Según el pronunciamiento del organismo, el nuevo centro requiere una normativa técnica y jurídica robusta que establezca criterios objetivos para determinar qué personas serán trasladadas al régimen de alta contención y bajo cuáles condiciones permanecerán allí.
El MNPT sostuvo que esas disposiciones deben impedir decisiones arbitrarias, discriminatorias o influenciadas por criterios políticos, y garantizar el debido proceso en cualquier traslado dentro del sistema penitenciario.
Pronunciamiento surge tras video en cárcel de Puntarenas
La posición fue emitida después de la difusión de un video del Ministerio de Justicia y Paz grabado durante una visita al CAI 26 de Julio, en Puntarenas. En las imágenes se anunciaron posibles traslados inmediatos de varios privados de libertad hacia el régimen de alta contención y posteriormente al CACCO.
Tanto el MNPT como la Defensoría de los Habitantes cuestionaron que una reubicación hacia un régimen de máxima seguridad pueda adoptarse sin una valoración técnica individual y los procedimientos administrativos correspondientes. También expresaron reparos por la exposición pública de privados de libertad mostrada en el material.
Justicia mantiene la planificación para ponerlo en operación
En declaraciones previas, la Policía Penitenciaria ha señalado que la apertura del CACCO forma parte de una planificación institucional y que se realizan coordinaciones para disponer del personal necesario para labores de vigilancia, custodia, control y seguridad.
El Ministerio de Justicia también ha defendido la nueva infraestructura como una herramienta para ampliar la capacidad del sistema penitenciario. El centro contempla alrededor de 5.100 espacios y las autoridades han sostenido que su entrada en operación permitiría reducir el actual nivel de hacinamiento.
El debate ahora se concentra en las condiciones jurídicas y técnicas que deberán acompañar la puesta en funcionamiento del complejo, así como en los procedimientos que se aplicarán para seleccionar y trasladar a la población penitenciaria.
