Redacción
El presidente frenó el avance del polémico proyecto que buscaba autorizar allanamientos en cualquier momento, incluso fines de semana. La decisión llegó horas después de que se allanara la casa del exministro Mauricio Batalla.
En un movimiento que ha generado debate, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó en su totalidad el proyecto de ley que pretendía habilitar allanamientos a cualquier hora y día, incluidos fines de semana y noches, sin necesidad del proceso judicial tradicional.
Actualmente, las leyes costarricenses solo permiten allanamientos entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.. Para ejecutarlos fuera de ese horario, se requiere una justificación sólida y una autorización judicial bajo criterios de urgencia o gravedad.
La iniciativa buscaba eliminar esta limitación, otorgando más flexibilidad a las autoridades judiciales. Sin embargo, el mandatario lo detuvo en seco, argumentando que el proyecto tenía problemas de constitucionalidad, ambigüedades e inseguridad jurídica.
Veto con mensaje claro
La decisión se formalizó mediante el oficio PR-P-0012-2025, donde Chaves explicó sus razones. Entre ellas, cuestionó que se plantee una autorización general para realizar allanamientos en cualquier momento, pero que a la vez se exija justificar por qué sería urgente en cada caso.
“¿Por qué, si la autorización es general, se establece una condición específica para aplicarla? Esto genera una incertidumbre para el operado”, señala el documento oficial.
Además, el presidente criticó que la propuesta daba demasiada discrecionalidad a los jueces, sin establecer criterios claros sobre la razonabilidad o proporcionalidad de los operativos, lo cual, según él, podría abrir portillos peligrosos en la aplicación de la justicia.
Contexto candente
Este veto llega apenas horas después de que la Fiscalía allanara la casa del exministro de Transportes, Mauricio Batalla, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en obras públicas. La coincidencia temporal ha levantado sospechas sobre si esta acción tuvo algún peso político en la decisión presidencial.
¿Qué sigue ahora?
Con el veto sobre la mesa, el proyecto regresa a la Asamblea Legislativa, donde los diputados tendrán que decidir si lo envían a la Sala Constitucional para su revisión. En caso de que los magistrados dictaminen que no hay vicios de inconstitucionalidad, la iniciativa podría retomarse y aprobarse tal como fue redactada.
Por ahora, la idea de que el Poder Judicial actúe 24/7 queda en pausa, mientras se reabre el debate entre la necesidad de modernizar las herramientas de investigación y el respeto a las garantías constitucionales de los ciudadanos.
