El exmagistrado Celso Gamboa justificó su traslado a un centro penal menos estricto con un dictamen emitido por un médico imputado por narcotráfico, añadiendo más polémica a su ya controvertido caso.
Un traslado polémico avalado por un doctor investigado
El caso del exmagistrado Celso Gamboa, solicitado en extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico, sumó un nuevo elemento de controversia: el certificado médico que justificó su traslado desde un módulo de máxima seguridad fue firmado por José Alejandro Cartín Ramírez, cirujano de 35 años imputado en el sonado caso Turesky.
El documento, fechado el 24 de junio de 2025, un día después de su captura, detallaba al menos diez padecimientos médicos, desde enfermedades oncológicas hasta trastornos psiquiátricos. Según la defensa de Gamboa, su salud frágil requería atención constante en un penal con condiciones más benignas.
El pasado criminal del médico firmante
El doctor Cartín no es un profesional cualquiera. En 2021 fue detenido en operativos del OIJ que desarticularon la red criminal liderada por Alejandro James Wilson, alias “Turesky”, dedicada al envío de cocaína desde Limón hacia Europa.
Aunque él y otros 21 imputados quedaron libres en junio de 2024 por falta de acusación formal, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico cuestionó fuertemente el fallo, asegurando que las audiencias clave del caso seguían en desarrollo.
En otras palabras, el hombre que avaló el delicado estado de salud de Gamboa sigue vinculado judicialmente a uno de los casos de narcotráfico más mediáticos del país.
Vínculos empresariales en Limón y sospechas de lavado
El vínculo entre Gamboa y Cartín no se limita al certificado médico. Ambos, junto con el padre del cirujano (ya fallecido), promovieron un proyecto hotelero de $12 millones en Portete, Limón, a través de la urbanizadora Acre de Heredia.
Según investigaciones judiciales, este desarrollo inmobiliario era uno de los mecanismos empleados por la organización para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Incluso en declaraciones a medios locales en 2020, Cartín defendió la viabilidad del proyecto.
Además, registros de seguridad de la Asamblea Legislativa muestran que miembros de la banda, incluido el médico, ingresaron a reuniones con diputados entre 2014 y 2021. El expediente judicial menciona al exdiputado Óscar Cascante como uno de sus contactos.
¿Gamboa como pieza clave para la organización?
El expediente judicial también sostiene que la organización criminal contrató a Gamboa en 2019 para aprovechar sus conexiones dentro del Poder Judicial.
En una conversación telefónica citada en el expediente, se le escucha decir:
“Lo bueno de Celso Gamboa es que sabe quién está, quién no está, dónde está, quién sirve y quién es sinvergüenza en la Corte.”
También se le vincula con gestiones relacionadas con “un tema en Limón”, reforzando la hipótesis de que su participación iba mucho más allá de un vínculo casual.
Señalamientos de justicia selectiva
El hecho de que un imputado por narcotráfico haya firmado el certificado médico que permitió a Gamboa evitar el módulo de máxima seguridad desató serios cuestionamientos.
¿Se está manipulando el sistema judicial mediante vínculos entre investigados? ¿Es válido un dictamen médico firmado por alguien señalado de narcotráfico para cambiar las condiciones carcelarias de otro procesado?
Actualmente, sigue pendiente la decisión sobre la extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos, donde se le requiere por presuntos lazos con el narcotráfico.
Mientras tanto, la revelación de este nuevo giro en su defensa añade más sombras a un caso ya cargado de controversias que sacude la credibilidad del sistema judicial costarricense.
Conclusión
El traslado de Celso Gamboa, amparado en un dictamen médico de un imputado por narcotráfico, expone profundas fisuras en el sistema de justicia. La sociedad costarricense exige transparencia y rigor para evitar que la ley se convierta en un privilegio negociable para quienes tienen los contactos adecuados.
Llamado a la acción:
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