Redacción
Un nuevo capítulo en el caso de extradición contra el exmagistrado costarricense sacude al país: la llamada Prueba D del FBI revela transferencias millonarias que lo vincularían con el narcotráfico internacional.
El proceso judicial contra Celso Gamboa Sánchez en Estados Unidos acaba de sumar un elemento explosivo. Documentos oficiales entregados al Tribunal Penal de San José incorporan la denominada Prueba D, donde se detallan supuestos pagos multimillonarios al exmagistrado costarricense por coordinar cargamentos de cocaína hacia el mercado estadounidense.
Un pago único por 16 millones de dólares
De acuerdo con testimonios incluidos en el expediente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) rastreó transferencias y entregas en efectivo que alcanzan cifras descomunales. La más llamativa corresponde a un depósito por 16 millones de dólares realizado en México entre julio y agosto de 2021, monto atribuido a una de las operaciones más grandes que habría coordinado el exjerarca judicial.
La ruta de la droga: de Colombia a Estados Unidos
El informe judicial detalla que Gamboa, señalado como cabecilla de una estructura criminal con base en Costa Rica, facilitaba la entrada de cocaína desde Colombia y Panamá. Posteriormente, los cargamentos se movían por Honduras, Guatemala y México, hasta llegar a Estados Unidos. Allí, la droga era distribuida en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Las Vegas, Boston y Atlanta, donde el precio por kilogramo oscilaba entre $13.000 y $20.000 según el destino.
Testigos revelan pagos por cada cargamento
Colaboradores de la investigación afirmaron que entre 2020 y 2022 los pagos a Gamboa por cada envío de droga iban desde $200.000 hasta $600.000, dependiendo de la cantidad trasladada. En uno de los cargamentos más voluminosos, un traficante identificado como “Allan” habría coordinado el movimiento de 1.000 kilos de cocaína, generando así los $16 millones mencionados en la Prueba D.
Vínculos políticos y “paso seguro”
El expediente también apunta a una supuesta red de contactos en instituciones del Estado costarricense. Según el FBI, Gamboa garantizaba a sus socios que “la recepción de la cocaína está 100% asegurada”, lo que sugiere un acceso privilegiado a rutas por el Caribe y el Pacífico. Este punto es especialmente delicado, ya que abre la discusión sobre el nivel de penetración del narcotráfico en las estructuras estatales.
El contexto de la extradición
La acusación contra Gamboa forma parte de la solicitud formal de extradición presentada por Estados Unidos, que lo vincula con una red internacional asociada al Clan del Golfo en Colombia. La Prueba D, junto a otros elementos probatorios, fortalece el caso ante los tribunales y podría convertirse en un precedente histórico, dado que se trata de un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Consecuencias políticas y sociales
Más allá de lo judicial, el caso golpea la credibilidad institucional del país. Que un exmagistrado esté bajo sospecha de haber facilitado operaciones del narcotráfico plantea interrogantes serios sobre la solidez del sistema judicial y la capacidad de Costa Rica para enfrentar el crimen organizado.
Expertos en seguridad consultados advierten que, de confirmarse los vínculos, el caso Gamboa podría marcar un antes y un después en la historia política y judicial nacional, demostrando hasta qué punto las redes criminales pueden infiltrarse en las estructuras estatales.
¿Qué sigue ahora?
El Tribunal Penal de San José deberá analizar la evidencia entregada por la Fiscalía estadounidense y definir los próximos pasos en el proceso de extradición. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención cada nueva revelación que, poco a poco, desnuda la magnitud de este escándalo internacional.
