Redacción
La Policía Judicial decomisó su teléfono como parte de un expediente de defraudación fiscal que involucra a profesionales y supuestos intermediarios.
El alcalde de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro Umaña, quedó bajo la lupa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras aparecer vinculado a una causa penal que indaga la eliminación irregular de deudas en el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con las pesquisas, Navarro habría recurrido a un mecanismo para que sus compromisos tributarios desaparecieran de los sistemas estatales sin cancelar los montos correspondientes.
Red de contactos y allanamientos
Como parte del operativo, la Sección de Anticorrupción del OIJ desplegó allanamientos en distintas zonas del Gran Área Metropolitana, entre ellas Moravia y Alajuelita, y además ejecutó decomisos en vía pública.
En la acción policial se incautaron computadoras, documentos y teléfonos celulares, incluido el del alcalde de Coto Brus. El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que entre las personas investigadas figuran abogados, contadores y autoridades locales.
“Se efectuó el decomiso de celulares a varios sospechosos que habrían solicitado la cancelación o eliminación de deudas en Hacienda. Entre esos casos se incluyó el del alcalde de Coto Brus”, explicó Zúñiga.
Supuestos intermediarios
La trama habría sido facilitada por una pareja de origen oriental, naturalizada en Costa Rica. Se trata de un hombre de apellido Ng, de 48 años, y una mujer de apellido He, de 40 años, quienes fueron detenidos.
Ambos son señalados como los intermediarios de una mujer arrestada meses atrás, dedicada a manipular el sistema de Hacienda para borrar registros de deudores.
El alcalde no fue detenido
Aunque el nombre del alcalde figura dentro de la investigación y se decomisó su teléfono, las autoridades aclararon que Navarro no fue arrestado en esta etapa del proceso. Su situación judicial dependerá del avance de la causa penal que sigue abierta en la Fiscalía.
Impacto del caso
La causa se perfila como uno de los mayores escándalos de presunta defraudación fiscal de los últimos meses, ya que involucra a clientes de alto perfil profesional y político. El Ministerio Público y la Policía Judicial continúan reuniendo pruebas que podrían ampliar la lista de imputados.
