Redacción
El Poder Ejecutivo redujo de ₡27 mil millones a ₡11 mil millones el recorte previsto para el presupuesto 2027 del Poder Judicial, según anunció este lunes la presidenta de la República, Laura Fernández.
La diferencia de ₡16 mil millones será asumida por otras instituciones del Gobierno. La mandataria señaló que la decisión busca evitar que el recorte sea utilizado como explicación para eventuales limitaciones en la persecución del delito o en el funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los recursos se liberarían por etapas
Aunque el ajuste al recorte es menor al planteado inicialmente, el Gobierno mantendrá condiciones para el desembolso de parte de los recursos. Entre ellas se contempla la revisión de cuentas auditadas vinculadas a infraestructura judicial, certificaciones de la Contraloría General de la República y autorizaciones en la Asamblea Legislativa antes de que Hacienda pueda liberar determinados fondos.
Fernández aseguró que el objetivo es exigir rendición de cuentas sobre el uso del dinero público y cuestionó gastos que, a criterio del Ejecutivo, deben ser revisados.
Corte advierte posibles afectaciones
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, advirtió que el problema no se limita al monto recortado, sino también al momento en que los recursos puedan estar disponibles.
Desde el Poder Judicial sostienen que los requisitos podrían atrasar el acceso al dinero y afectar áreas como investigaciones, tecnología, protección de víctimas y funcionamiento de tribunales.
La discusión presupuestaria continuará en las próximas semanas mientras se define el trámite del presupuesto nacional para 2027.
