Redacción
Una orden de servicio de la Dirección Regional de Cartago de la Fuerza Pública dispuso vigilancia sobre “agrupaciones contrarias al Gobierno” durante las actividades cívicas del 14 de setiembre en Cartago, según documentos divulgados por CRHoy y también reportados por La Nación.
El plan asignó ocho agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) en los alrededores de la Plaza Mayor y el Banco Nacional de Cartago para tareas de vigilancia discreta.
La orden utilizó términos como “agitadores”
El documento señalaba que los oficiales debían identificar posibles “agitadores” y mantener atención ante movimientos que pudieran alterar el desarrollo de las actividades oficiales. También contemplaba patrullajes preventivos y presencia policial alrededor de los actos.
La planificación coincidió con la llegada de la Antorcha de la Independencia y con actividades en las que participó la presidenta Laura Fernández y miembros de su gabinete.
Hubo restricciones de acceso y reclamos ciudadanos
Durante la jornada, grupos sindicales y ciudadanos denunciaron restricciones para ingresar a la Plaza Mayor. La Defensoría de los Habitantes pidió posteriormente explicaciones al Ministerio de Seguridad sobre el alcance y la justificación del operativo.
La Fuerza Pública había señalado previamente que el perímetro de seguridad se estableció para fortalecer el orden y la seguridad durante los actos. Organizaciones participantes en la llamada Faroleada por la Democracia cuestionaron el uso de vigilancia policial sobre grupos que se manifestaban de forma pacífica.
El tema sigue bajo escrutinio público
Los documentos divulgados reconocen que las manifestaciones pacíficas están protegidas constitucionalmente. A partir de su publicación, distintos sectores han solicitado explicaciones sobre los criterios usados para clasificar y monitorear a los grupos presentes.
