Redacción
Una iniciativa legislativa busca castigar la contaminación sonora y proteger el descanso de las personas mediante sanciones económicas y suspensiones de permisos a negocios reincidentes.
Si usted vive cerca de vecinos que realizan fiestas constantes, ponen música a alto volumen o generan escándalos que le impiden dormir, pronto podría contar con una herramienta legal más fuerte para defender su tranquilidad. Un proyecto de ley dictaminado positivamente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa pretende establecer multas económicas y sanciones administrativas contra quienes generen ruido excesivo de forma reiterada.
La propuesta fue presentada por el diputado Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio, y ahora deberá avanzar al plenario legislativo para su eventual votación. El objetivo central es crear paisajes sonoros positivos y reducir los niveles de contaminación acústica que afectan tanto a personas como al entorno natural.
¿Qué cambiaría con la nueva ley contra el ruido?
El proyecto introduciría en la Ley General de Salud el concepto formal de “contaminación sonora” o “contaminación por ruido y vibraciones”, reconociéndolo como una forma de contaminación atmosférica. Esto permitiría establecer parámetros más claros para medir cuándo un sonido se convierte en una molestia o riesgo para la salud pública.
Según el texto propuesto, se consideraría contaminación sonora:
- Sonidos o vibraciones generados por actividades humanas.
- Ruidos cuya intensidad, duración o frecuencia provoquen molestias o daños.
- Niveles que superen normas oficiales costarricenses o estándares internacionales.
- Escenarios que afecten a personas, animales o el equilibrio ecológico.
Esta definición ampliada permitiría denunciar formalmente situaciones que hoy muchas veces quedan en simples advertencias sin consecuencias reales.
¿Quién se encargaría de regular y fiscalizar?
La iniciativa establece que el Ministerio de Salud continuaría siendo la institución responsable de regular la normativa relacionada con el ruido. Además, la Fuerza Pública tendría un rol de apoyo en las labores de fiscalización, inspección y control en comunidades, comercios y eventos.
Esto implica que no solo se trataría de conflictos vecinales, sino también de negocios, bares o actividades comerciales que superen los límites permitidos de sonido.
¿De cuánto sería la multa por hacer escándalo?
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el monto de la sanción económica. El proyecto establece que quienes reincidan en hacer ruido excesivo tras una advertencia previa podrían enfrentar una multa equivalente a un salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, cifra que ronda los ¢462.200 colones.
En otras palabras:
- Primera vez: advertencia.
- Reincidencia: multa cercana a medio millón de colones.
Este monto se mantiene como referencia oficial para el cálculo de multas relacionadas con diversas figuras legales durante el año 2025.
Sanciones para empresas y comercios
No solo las personas físicas se verían afectadas. El proyecto también contempla sanciones para empresas o negocios que incumplan la normativa sonora. En estos casos, las medidas serían más severas:
- Suspensión del permiso de salud por seis meses en primera reincidencia.
- Suspensión por un año si vuelven a incumplir luego de pagar la multa correspondiente.
Esto impactaría directamente a bares, restaurantes, discotecas o establecimientos que operen con música en vivo o sistemas de sonido elevados sin controles adecuados.
¿En qué se usaría el dinero recaudado?
Un aspecto relevante es el destino de los fondos obtenidos mediante multas. El proyecto indica que ese dinero se utilizaría para financiar programas de mitigación estratégica del ruido, campañas de concientización y acciones orientadas a generar ambientes sonoros saludables en comunidades y espacios públicos.
La meta no es solo castigar, sino también educar y prevenir, promoviendo una convivencia más respetuosa entre vecinos.
¿Qué significa “paisajes sonoros positivos”?
El término hace referencia a entornos donde el sonido ambiental no represente una molestia constante ni un riesgo para la salud. Incluye desde barrios residenciales tranquilos hasta parques, centros educativos y zonas comerciales con niveles de ruido controlados.
Diversos estudios han vinculado el exceso de ruido con problemas como:
- Insomnio
- Estrés
- Ansiedad
- Disminución del rendimiento laboral o académico
- Afectaciones cardiovasculares
Por eso, la iniciativa busca equilibrar el derecho al entretenimiento con el derecho al descanso y la salud pública.
Lo que debe saber si el proyecto se aprueba
Si esta propuesta se convierte en ley, los ciudadanos tendrían un marco legal más claro para interponer denuncias formales cuando el ruido supere los límites permitidos. Asimismo, los reincidentes podrían enfrentar sanciones económicas importantes y los comercios podrían perder su permiso de funcionamiento temporalmente.
Para muchas comunidades que sufren problemas constantes de bulla, fiestas nocturnas o actividades comerciales ruidosas, esta legislación representaría un respaldo legal significativo para recuperar la tranquilidad.
