Redacción
La fracción oficialista de Pueblo Soberano denunció a cuatro altos jueces por presunto prevaricato. El conflicto surgió tras una resolución que prorrogó temporalmente el nombramiento de magistrados suplentes.
La tensión entre los poderes de la República escaló este lunes 3 de agosto, luego de que diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentaran una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
La acción fue respaldada por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien acompañó a los legisladores oficialistas hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia junto con integrantes de su gabinete y simpatizantes del Gobierno.
Los magistrados denunciados son Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes conformaron la mayoría que aprobó una resolución relacionada con la elección de los magistrados suplentes de la Sala IV.
La presentación de la querella no significa que los jueces hayan sido declarados culpables. Corresponderá a las autoridades determinar si la denuncia reúne los requisitos para avanzar y si existe alguna responsabilidad penal.
¿Por qué fueron denunciados los magistrados?
El conflicto se originó después de que la Sala Constitucional declarara con lugar un recurso de amparo presentado contra la Asamblea Legislativa debido a la falta de nombramiento de los nueve magistrados suplentes del tribunal.
Mediante la resolución, la Sala anuló la decisión de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, de devolver a la Corte Suprema la nómina de aspirantes y solicitar una nueva lista.
Además, ordenó que la lista de candidatos fuera sometida nuevamente a conocimiento del Plenario Legislativo en la próxima oportunidad posible.
Como medida temporal, la Sala también dispuso restituir a los magistrados suplentes cuyo nombramiento había vencido el 16 de diciembre de 2025. Estos permanecerían en sus funciones mientras el Congreso completa las designaciones pendientes.
La querella se dirige contra los cuatro magistrados que respaldaron la resolución. Otros tres integrantes de la Sala votaron en contra.
Oficialismo denuncia una “usurpación de competencias”
La presidenta de la Asamblea Legislativa sostuvo que la resolución representa una supuesta invasión de las atribuciones constitucionales del Congreso.
“Esto ha sido una clara usurpación de competencias de los magistrados de la Sala Constitucional ante las competencias de la Asamblea Legislativa”, declaró Jiménez tras presentar la acción judicial.
Por su parte, Laura Fernández calificó a los cuatro jueces como “usurpadores” y solicitó que la Corte tramite la querella con rapidez. Las declaraciones corresponden a la posición política del oficialismo y no a una determinación judicial sobre la actuación de los magistrados.
Días antes, la mandataria había utilizado el término “golpe de Estado” para referirse a la resolución. Este lunes, el discurso del Gobierno se concentró principalmente en denunciar una supuesta “usurpación ilegítima” de las potestades del Poder Legislativo.
La querella fue confirmada por diferentes medios nacionales, entre ellos Teletica y El Observador.
¿Qué es el delito de prevaricato?
El prevaricato es un delito atribuido a funcionarios judiciales o administrativos que dictan resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos.
En este caso, Pueblo Soberano considera que los magistrados sobrepasaron las facultades de la Sala Constitucional al extender temporalmente el nombramiento de los suplentes.
No obstante, esa es la tesis planteada por los querellantes y deberá ser examinada dentro del procedimiento correspondiente. La resolución cuestionada mantiene su naturaleza de decisión jurisdiccional mientras las autoridades competentes analizan la denuncia.
Once votaciones sin alcanzar los 38 votos
La Asamblea Legislativa continúa sin completar la elección de los nueve magistrados suplentes. El proceso comenzó durante el periodo legislativo anterior con cinco rondas de votación y continuó con otras seis durante la actual conformación del Congreso.
Ninguno de los candidatos consiguió los 38 votos requeridos.
La bancada de Pueblo Soberano se opone a los aspirantes incluidos en la nómina remitida por la Corte y promovió en dos ocasiones su devolución. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó la posibilidad de enviar una lista diferente.
La situación ha generado un enfrentamiento institucional sobre los límites de las competencias del Congreso y la capacidad de la Sala IV para adoptar medidas que garanticen su funcionamiento.
¿Qué sucederá ahora?
La querella deberá seguir el trámite judicial correspondiente antes de que pueda determinarse si procede abrir una causa contra los magistrados.
Por tratarse de integrantes de la Corte Suprema, cualquier eventual procedimiento podría involucrar reglas especiales, impedimentos e incluso decisiones relacionadas con su inmunidad. Mientras tanto, ninguno de los cuatro magistrados ha sido condenado ni declarado responsable del delito denunciado.
El caso abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, con la elección de los magistrados suplentes todavía sin resolverse.
