Redacción
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, pidió que se investigue la actuación del fiscal general, Carlo Díaz, y de la fiscal adjunta Edith Morera, luego de la alerta migratoria emitida contra la exdiputada Pilar Cisneros dentro de una causa por presunto financiamiento electoral irregular.
La gestión fue presentada ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. Aguilar cuestionó que se recurriera a una alerta migratoria para ubicar y notificar a Cisneros y calificó la medida como desproporcionada.
¿Qué pidió exactamente el ministro?
El jerarca solicitó que distintas instancias del Poder Judicial revisen si la actuación de la Fiscalía se ajustó a los procedimientos y si la medida utilizada era necesaria para lograr la notificación.
Entre las instancias mencionadas figuran la Inspección Judicial, Corte Plena y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El caso sigue sumando capítulos
La controversia se produce después de que el Ministerio Público informara que había intentado notificar a Cisneros en varias ocasiones antes de emitir la alerta. La exdiputada terminó recibiendo la citación y fue llamada a comparecer ante la Fiscalía General como imputada dentro de una investigación relacionada con presuntas contribuciones privadas ilegales en la campaña electoral de 2022.
La solicitud del ministro no implica que exista una sanción contra los fiscales señalados. Lo que plantea es una revisión institucional de la forma en que se actuó.
El tema se ha convertido en uno de los principales focos de discusión política de las últimas horas, con posiciones encontradas sobre el alcance de la alerta migratoria y sobre el procedimiento utilizado para ubicar a Cisneros.
TPP ya había explicado qué significa una alerta migratoria y por qué la Fiscalía la activó, un antecedente clave para entender este nuevo giro.
