Redacción
El proceso judicial que enfrenta a María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann con el creador de contenido Diego Bravo llegó este jueves a una nueva etapa, luego de varios aplazamientos que habían retrasado el inicio del debate.
Dentro del proceso, la pareja mantiene una pretensión civil por ₡10 millones en total. La solicitud corresponde a ₡5 millones para Ulate y otros ₡5 millones para Hoffmann, como parte del reclamo por el presunto daño moral que, según su posición, les habría provocado contenido difundido por Bravo en redes sociales.
El juicio finalmente comenzó
La audiencia se desarrolla en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. El caso está relacionado con publicaciones y videos realizados años atrás en los que Bravo se refería a la pareja y a aspectos de su vida personal.
El creador de contenido enfrenta una acusación relacionada con presuntos delitos contra el honor. Será el tribunal el encargado de valorar la prueba, escuchar a las partes y determinar si existe o no responsabilidad penal.
Además de la solicitud económica, durante el proceso se ha mencionado una disculpa pública como uno de los puntos que anteriormente formaron parte de intentos para resolver el conflicto antes de llegar a juicio.
Un caso que lleva varios años
La disputa judicial se remonta a publicaciones realizadas varios años atrás. Desde entonces, el proceso ha pasado por audiencias y reprogramaciones antes de que las partes finalmente se encontraran frente al tribunal este jueves 3 de septiembre.
La audiencia inició después de la hora prevista y durante las primeras etapas se realizó la lectura de la acusación. Ulate y Hoffmann también figuran como testigos dentro del proceso, por lo que parte de sus intervenciones se desarrollarán conforme avance el debate.
Diego Bravo manifestó previamente que se encontraba tranquilo y a la expectativa de que durante el juicio cada parte pueda presentar sus argumentos y pruebas.
El caso continúa abierto, por lo que la solicitud de ₡10 millones no significa que ese monto haya sido concedido ni que exista una sentencia en contra de Bravo. La decisión final dependerá de lo que determine el tribunal tras analizar el proceso.
