Redacción
La Asamblea Legislativa aprobó la creación de una comisión especial para investigar posibles vínculos entre el narcotráfico, el crimen organizado y el financiamiento de partidos políticos en Costa Rica. La decisión se tomó el jueves 8 de octubre de 2026, en medio de los cuestionamientos surgidos por la presencia de Guobin Tam Zhang, ciudadano chino-costarricense detenido con fines de extradición a Estados Unidos, en distintas actividades políticas.
La moción finalmente aprobada recibió 52 votos a favor y ninguno en contra. Su alcance incluye las campañas electorales de 2021-2022 y 2025-2026, según consta en el registro de la votación legislativa.
¿Por qué se creó esta comisión?
El debate tomó fuerza después de la captura, el pasado 2 de octubre, de Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, requerido por las autoridades estadounidenses en un proceso relacionado con presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.
Tras su detención circularon fotografías y videos que lo ubican en actividades a las que también asistieron dirigentes y figuras cercanas al Partido Pueblo Soberano (PPSO), incluida la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández. Esas imágenes despertaron preguntas sobre sus contactos políticos, pero la coincidencia en actividades o fotografías no demuestra, por sí sola, financiamiento ilegal ni participación de los asistentes en delitos.
En ese contexto, diputaciones de distintas fracciones discutieron qué hechos debían investigar, cuáles campañas abarcar y durante cuánto tiempo debía funcionar la comisión.
Las primeras propuestas fueron rechazadas
En el plenario se presentaron tres mociones. La primera, impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN), pretendía profundizar en los presuntos vínculos políticos, financieros y comerciales de Tam Zhang. Obtuvo 23 votos a favor y 29 en contra, por lo que no prosperó.
La segunda, promovida por el PLN, el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), proponía investigar posibles nexos entre actividades ilícitas y el financiamiento político de la campaña 2025-2026. También fue rechazada con 29 votos en contra y 23 a favor.
Finalmente, los diputados del PPSO presentaron una tercera propuesta que amplió el período de estudio a las dos últimas campañas nacionales. Este texto sí obtuvo el respaldo unánime de los 52 legisladores presentes.
¿Qué investigarán los diputados?
La comisión podrá examinar posibles relaciones de personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico con partidos, comandos de campaña, candidaturas, funcionarios públicos e instituciones, incluido el Poder Ejecutivo.
También evaluará si los mecanismos legales y de fiscalización existentes son suficientes para evitar que recursos de origen ilícito lleguen a las campañas electorales. Si identifica indicios de delitos o infracciones, podrá trasladar los hallazgos a las autoridades competentes, como el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Su tarea será investigar y presentar conclusiones, no determinar por sí misma la culpabilidad penal de ninguna persona. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
¿Quiénes integrarán la comisión y cuándo comenzará?
El órgano estará compuesto por nueve diputados: cinco del PPSO, dos del PLN, uno del Frente Amplio y uno de las fracciones unipersonales.
Contará con seis meses a partir de su instalación para entregar un informe, con posibilidad de solicitar una prórroga debidamente justificada. De acuerdo con lo informado durante el debate legislativo, las jefaturas de fracción deberán remitir los nombres de sus representantes a más tardar el 15 de octubre y la instalación se programó para el 27 de octubre.
La aprobación se convierte en la primera comisión investigadora del período legislativo actual. Su creación no significa que existan conclusiones sobre presuntos nexos criminales: esas son precisamente las preguntas que deberá examinar.
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