Redacción
El Poder Judicial anunció que acudirá a la Sala Constitucional para cuestionar las condiciones impuestas a casi ₡30 mil millones de su presupuesto para 2027. La institución sostiene que estas restricciones podrían comprometer servicios esenciales, desde la atención de expedientes hasta investigaciones contra el crimen organizado.
¿Cuánto dinero está en disputa?
El monto exacto asciende a ₡29.843,8 millones. La Corte Plena autorizó este lunes 19 de octubre a la Presidencia del Poder Judicial a presentar una consulta legislativa sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, una vez que la Comisión de Asuntos Hacendarios emita su dictamen. Los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar el acuerdo porque les correspondería conocer la consulta.
¿Qué requisitos se exigen para liberar los fondos?
Las disposiciones presupuestarias condicionan el uso del dinero a la presentación de estados financieros auditados del fideicomiso de infraestructura judicial, certificaciones de la Contraloría General de la República y la revisión y aprobación de instancias legislativas. También sería necesaria una instrucción al Ministerio de Hacienda para liberar los recursos.
El Poder Judicial objeta que el mecanismo no fija un plazo para disponer del dinero y deja su ejecución sujeta a decisiones posteriores de otros poderes de la República. La controversia se centra en si una ley presupuestaria puede imponer ese tipo de condiciones sobre el funcionamiento judicial.
OIJ y lucha contra el crimen organizado
Una de las principales preocupaciones está relacionada con ₡8.684 millones destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Según la institución, las limitaciones podrían afectar peritajes, equipamiento, insumos y otras tareas necesarias para investigar delitos y enfrentar organizaciones criminales. También advierte riesgos para programas de protección de personas amenazadas.
Audiencias, jueces y trámites judiciales
La Corte señala posibles dificultades para financiar licencias de programas informáticos y conexiones de internet, lo que podría repercutir en audiencias y gestiones virtuales. También menciona restricciones relacionadas con 2.463 puestos ocupados por personal interino y 259 plazas judiciales vacantes, con el riesgo de agravar atrasos en la resolución de expedientes.
Entre los proyectos que podrían verse comprometidos figura la construcción de la Morgue Judicial de Buenos Aires. La institución añade que eventuales reorganizaciones de oficinas podrían obligar a usuarios de zonas rurales y costeras a recorrer mayores distancias para recibir atención.
¿Por qué existe el bloqueo presupuestario?
El debate también tiene una dimensión de rendición de cuentas. En la discusión legislativa, el diputado Nogui Acosta, del Partido Pueblo Soberano, defendió que el Poder Judicial debe responder por el uso de recursos públicos y sostuvo que los contribuyentes tienen derecho a conocer cómo se utilizan sus impuestos. Desde sectores de oposición se cuestiona que los controles elegidos condicionen partidas operativas sin una fecha clara de liberación.
La Contraloría General de la República también ha advertido posibles problemas constitucionales en varias normas de ejecución del proyecto de presupuesto, particularmente por imponer condiciones que podrían exceder el alcance de una ley presupuestaria.
¿Qué ocurrirá ahora?
La consulta ante la Sala IV todavía depende de que la Comisión de Asuntos Hacendarios emita el dictamen respectivo. Por tanto, no existe aún una resolución de la Sala Constitucional sobre este caso. La Corte Plena también acordó remitir a la Asamblea Legislativa informes jurídicos sobre el impacto de disposiciones presupuestarias en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
El desenlace será relevante para la administración de justicia en 2027: definirá si las condiciones propuestas pueden mantenerse o si deben modificarse para respetar las competencias constitucionales de la institución.
Información contrastada con publicaciones de Diario Extra del 1, 16, 17 y 19 de octubre de 2026 y con los criterios institucionales allí consignados.
