Redacción
Tribunal rechaza recurso de amparo y confirma la viabilidad ambiental del proyecto turístico en Guanacaste
La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el cual pretendía anular la viabilidad ambiental otorgada al proyecto Bahía Papagayo, uno de los desarrollos turísticos más relevantes de la provincia de Guanacaste.
Mediante el voto N.° 2025-016284, emitido el pasado 30 de mayo, los magistrados declararon sin lugar el recurso “por el fondo”, es decir, tras un análisis sustancial del caso, dando razón a la SETENA y, por ende, validando la legalidad del proceso de evaluación ambiental que respalda el proyecto.
“Este fallo reafirma nuestro compromiso de continuar desarrollando un modelo turístico responsable, sostenible y con beneficios reales para la comunidad de Guanacaste. Desde el inicio, hemos actuado con total apego a la ley y al marco ambiental vigente”, expresó Juan Carlos Rojas, director general del desarrollo Bahía Papagayo.
Un proyecto que se fortalece con respaldo institucional
Bahía Papagayo es un desarrollo de uso mixto que ha sido diseñado bajo un esquema de bajo impacto ambiental, cumpliendo con todos los requerimientos de la Ley N.º 6758, el Plan Maestro del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y las regulaciones de SETENA.
Desde su concepción, el proyecto ha procurado integrar prácticas sostenibles y una visión de respeto hacia los ecosistemas locales. Ahora, con esta resolución judicial, sus desarrolladores aseguran que continuarán avanzando con mayor firmeza, fortaleciendo el vínculo con las comunidades guanacastecas.
Promesas de empleo y reactivación económica local
De acuerdo con Rojas, Bahía Papagayo no solo traerá beneficios turísticos, sino también oportunidades reales para los habitantes de la zona. “Impulsaremos el empleo, la economía local y la integración armoniosa con el entorno. Este proyecto es una oportunidad para Guanacaste de crecer con responsabilidad”, afirmó.
La decisión de la Sala también envía un mensaje de confianza a futuros inversionistas y al sector turístico, al reconocer que los procedimientos institucionales fueron respetados y que el país mantiene un marco jurídico sólido y confiable para el desarrollo sostenible.
