Una entidad bancaria deberá pagar ₡1,5 millones por daño moral luego de negarle a una persona la apertura de una cuenta sin ofrecer una explicación suficiente sobre la decisión.
El caso llegó a instancias judiciales después de que el afectado intentara acceder al servicio y recibiera una negativa. La controversia se centró en la falta de una justificación clara.
Los bancos aplican controles de conocimiento del cliente, prevención de legitimación de capitales y gestión de riesgos, pero las decisiones que restringen servicios pueden ser revisadas cuando se considera que afectan derechos.
El caso recuerda a los consumidores la importancia de solicitar información ante el rechazo de un producto financiero y conservar la documentación relacionada con el trámite.




