Redacción
María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann expusieron ante el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José las afectaciones que, según sus testimonios, les provocaron una serie de videos y publicaciones atribuidos al creador de contenido Diego Bravo.
La audiencia forma parte de la querella presentada por la pareja por presuntos delitos contra el honor. Durante la jornada, ambos detallaron ante los jueces cómo aseguran que el contenido difundido en redes sociales repercutió en su vida personal, familiar y profesional.
Majo Ulate habló del impacto en su imagen y su trabajo
Durante su declaración, Ulate sostuvo que los contenidos comenzaron a circular en distintas plataformas digitales y que, con el paso del tiempo, recibió los videos por medio de otras personas. Según relató, las publicaciones se extendieron por redes como Facebook, TikTok e Instagram y también llegaron a espacios privados como WhatsApp y Telegram.
La creadora de contenido aseguró que la situación terminó afectando la percepción que otras personas tenían de ella y que también tuvo consecuencias en su actividad profesional. En su testimonio afirmó que algunas publicaciones cuestionaban su imagen, su trabajo e incluso aspectos relacionados con su apariencia.
Ulate explicó además que decidió acudir al proceso judicial porque considera que su imagen, su honor y su trabajo resultaron perjudicados. Sus manifestaciones forman parte de la prueba testimonial que ahora deberá ser valorada por el tribunal.
Hoffmann relató repercusiones personales y laborales
Posteriormente, Mauricio Hoffmann tomó la palabra y describió las consecuencias que, según su versión, tuvieron los contenidos en su vida cotidiana. El presentador habló de frustración, enojo y angustia, además de momentos en los que aseguró haber perdido las ganas de exponerse públicamente o trabajar frente a las cámaras.
Hoffmann también se refirió a la dimensión familiar del conflicto. Durante su testimonio recordó publicaciones que, según afirmó, involucraron comentarios relacionados con su hija y que habrían coincidido con una discusión especialmente difícil en su entorno familiar.
En el plano profesional, el comunicador señaló que durante ese periodo dejó de participar en algunos espacios televisivos en los que había trabajado previamente. No obstante, también aclaró ante el tribunal que no puede establecer de manera directa que esas decisiones laborales hayan sido consecuencia de los videos.
La querella y lo que solicitan
Ulate y Hoffmann mantienen una querella contra Bravo por presuntos delitos contra el honor. Además de la vía penal, ambos presentaron una acción civil en la que solicitan ₡5 millones para cada uno, para un total de ₡10 millones por concepto de daño moral.
La pareja también ha solicitado una disculpa pública y la eliminación de los contenidos cuestionados. En audiencias anteriores, ambos han insistido en que el objetivo principal del proceso no sería económico, sino obtener una reparación pública por lo que consideran un daño a su reputación.
El proceso continúa abierto
Las declaraciones de Ulate y Hoffmann corresponden a su versión de los hechos y no constituyen por sí solas una determinación de responsabilidad. El tribunal deberá analizar los testimonios, documentos y demás pruebas incorporadas al expediente antes de emitir una decisión.
El juicio continuará con la recepción de nuevos testimonios y otros elementos de prueba. Mientras tanto, Diego Bravo mantiene su defensa dentro del proceso y será el tribunal el encargado de determinar las responsabilidades que correspondan.
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